Violencia obstétrica: una forma invisible de violencia contra las mujeres
La violencia obstétrica es una realidad que solo en los últimos años ha comenzado a ser reconocida de forma clara dentro del debate social, jurídico y sanitario. Se trata de una forma específica de violencia de género que afecta directamente a los derechos fundamentales de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. Aunque durante décadas ha permanecido normalizada o invisibilizada, hoy empieza a identificarse como una grave vulneración de los derechos humanos.
Hablar de violencia obstétrica implica reconocer que determinadas prácticas médicas, lejos de proteger la salud de las mujeres, pueden causar daños físicos, psicológicos y emocionales profundos, perpetuando relaciones de poder desiguales en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas.
¿Qué es la violencia obstétrica?
La violencia obstétrica engloba todas aquellas acciones u omisiones realizadas por profesionales sanitarios que afectan negativamente al cuerpo de las mujeres y al desarrollo natural del proceso reproductivo. Estas prácticas pueden darse tanto de forma activa —mediante intervenciones innecesarias, trato deshumanizado o procedimientos sin consentimiento informado— como pasiva, cuando se omite la información, el acompañamiento o la atención adecuada.
Esta forma de violencia se manifiesta, entre otros aspectos, en la medicalización excesiva del parto, la falta de respeto a los tiempos biológicos de la mujer, la imposición de decisiones sin diálogo o la minimización del dolor y la experiencia subjetiva de la paciente. Todo ello constituye una vulneración clara del derecho a la autonomía corporal y a una atención sanitaria digna.
Violencia y derechos humanos en el ámbito sanitario
La violencia obstétrica debe entenderse como una violación de los derechos humanos, ya que afecta a derechos básicos como la integridad física y moral, la igualdad, la no discriminación y el derecho a la salud. Además, se inscribe dentro del marco de la violencia estructural que sufren las mujeres, especialmente en ámbitos históricamente dominados por jerarquías profesionales y una cultura paternalista.
A pesar de su gravedad, esta forma de violencia ha sido durante mucho tiempo ignorada por los sistemas jurídicos y sanitarios, dificultando su reconocimiento y reparación. Sin embargo, el avance de los estándares internacionales está marcando un punto de inflexión.
El papel de Naciones Unidas y el Dictamen de 2020
En España, la jurisprudencia aún no se ha pronunciado de manera clara y directa sobre la violencia obstétrica. Ante este vacío legal, resulta especialmente relevante el Dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, de fecha 28 de febrero de 2020.
Este Dictamen surge a raíz de la queja presentada por una mujer española que denunció haber sufrido violencia obstétrica en el sistema sanitario. Tras agotar todas las vías judiciales internas —incluyendo la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional, que inadmitió su recurso por falta de especial trascendencia constitucional— la afectada acudió a Naciones Unidas.
El Comité reconoció la existencia de esta forma de violencia “invisible” y señaló la responsabilidad del Estado, recomendando no solo la reparación e indemnización de los daños sufridos, sino también la adopción de medidas estructurales.
Recomendaciones clave contra la violencia obstétrica
Entre las recomendaciones del Comité destacan la necesidad de:
Garantizar el derecho de las mujeres a una maternidad segura y respetada.
Asegurar el acceso universal a una atención obstétrica adecuada, basada en el consentimiento informado.
Formar a los profesionales sanitarios en perspectiva de género y derechos humanos.
Prevenir y erradicar cualquier forma de violencia en la atención sanitaria.
Estas recomendaciones suponen un avance fundamental en el reconocimiento jurídico de la violencia obstétrica y establecen un marco de actuación claro para los Estados.
Hacia una respuesta jurídica y legislativa efectiva
Gracias a la valentía y el tesón de esta mujer, hoy contamos con una base sólida para exigir cambios reales. Resulta imprescindible que esta doctrina se incorpore al bloque de fundamentación de la responsabilidad sanitaria, tanto a nivel jurisprudencial como legislativo.
Reconocer la violencia obstétrica no es solo una cuestión legal, sino también ética y social. Supone dar un paso decisivo hacia un sistema sanitario más humano, respetuoso y centrado en los derechos de las mujeres. Solo así será posible erradicar una forma de violencia que durante demasiado tiempo ha permanecido silenciada.
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